3.3 El papel de la Administración General del Estado en el sistema de movilidad

La movilidad es un fenómeno muy complejo que está relacionado con diferentes áreas de la administración (transporte, tráfico, urbanismo, medio ambiente, energía, economía, salud, etc.) y que, en el ámbito metropolitano, afecta además a varios niveles administrativos (administración local, autonómica y nacional).

En las secciones precedentes ya se ha expuesto que las administraciones más implicadas en la movilidad urbana y metropolitana son la regional y la local, y que la Administración General del Estado (AGE) posee limitadas competencias. Sin embargo, el papel que ejerce la AGE resulta fundamental en diferentes campos:

-       Planificación: mediante la elaboración de estrategias que orienten las políticas urbanas y metropolitanas, como la Agenda Urbana Española (2019), que estable acciones prioritarias que influyen en el sistema de movilidad urbana y metropolitana; o el Plan Nacional de Territorios Inteligentes (2017), para impulsar la aplicación de las tecnologías al funcionamiento de las ciudades y, especialmente, de las zonas rurales para mejorar la eficiencia y el desarrollo económico, social y ambiental de la ciudadanía.

-       Provisión y explotación de determinadas infraestructuras de transporte que, formando parte de redes ferroviarias o viarias de interés general, o de puertos de ámbito estatal, dan servicio asimismo a desplazamientos metropolitanos. En este sentido, cabe destacar el papel del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la red ferroviaria de cercanías.

-       Impulso de medidas de gestión de la demanda en accesos viarios de grandes ciudades, que forman parte de la red de carreteras del Estado. Es el caso de la calzada BUS/VAO de la autovía A6 a la entrada/salida de Madrid que está reservada para la circulación de autobuses y vehículos de alta ocupación (2 o más ocupantes).

-       Financiación: mediante la creación de programas que ayuden a financiar el desarrollo de planes de movilidad, o los programas destinados a la financiación de vehículos y pautas de movilidad menos contaminantes. Algunos ejemplos son el Programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los modos de transporte del IDAE30, cuyo objetivo es favorecer un cambio en la movilidad de las personas y mercancías hacia modos más eficientes, así como hacer un mejor uso de los modos de transporte, reduciendo el consumo de energía final y las emisiones de CO2 en el transporte. Este programa subvenciona los planes de transporte sostenible al centro de trabajo, la gestión de flotas de transporte de mercancías y viajeros por carretera y los cursos de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. Además, está el Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES), también del IDAE, dirigido a incentivar la compra de vehículos propulsados con energías alternativas, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo.

También resultan determinantes las compensaciones para la prestación de los servicios ferroviarios sujetos a Obligación de Servicio Público (OSP), que son Cercanías, Media Distancia, Ancho Métrico y AVANT. En el ámbito de competencia estatal dan servicio a más de 319 millones de viajeros al año en los trenes de cercanías de la red ferroviaria estatal, más 116 millones de viajeros en la red de Cataluña. En el último contrato firmado entre la Administración General del Estado y RENFE, el importe total de las compensaciones previstas en el período 2018-2027 asciende a 9.693,8 millones de euros.

-       Regulación: en el ámbito de la seguridad vial, la regulación de tráfico y circulación de los diferentes vehículos, en legislación básica sobre protección del medioambiente, o en legislación básica en materia de suelo.

-       Fiscalidad: la Administración General del Estado posee competencias en materia fiscal y, en particular, en impuestos en el ámbito del transporte, como es por ejemplo el impuesto sobre hidrocarburos.

-       Gobernanza: mediante la colaboración interadministrativa –en un marco de respeto a las competencias de cada administración–, y colaboración también con el sector privado y la sociedad civil, con el objetivo de alinear las actuaciones para garantizar su coherencia y compatibilidad.

-       Difusión e intercambio de información y conocimiento: el papel de la AGE incluye la gestión y provisión de datos de movilidad, como también la difusión e intercambio de buenas prácticas que puedan ser replicables en otros ámbitos territoriales (principalmente locales). En lo referido a la difusión e intercambio de buenas prácticas, tanto las plataformas web en las que se contiene toda la información que pudiera ser relevante, como la creación y publicación expresa de “Guías” de orientación, son vías que ya están puestas en marcha por parte de la Administración General del Estado. Cabe mencionar la plataforma Web de movilidad sostenible31 y la Guía para implantar planes de transporte al trabajo (PTT) que proporciona IDAE y que ha llevada a cabo con la colaboración de CONAMA. La finalidad es facilitar a las empresas la implantación de estos PTT y conseguir el triple objetivo de “informar, concienciar y prestar recursos útiles a los usuarios –ciudadanos, empresas, instituciones– “para aplicar criterios de sostenibilidad a la movilidad de las ciudades y a la movilidad relacionada con los desplazamientos al puesto de trabajo. Otra actividad de concienciación y difusión de buenas prácticas en la que la AGE participa, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, es la Semana Europea de la Movilidad. Esta iniciativa fomenta la participación de todos los sectores sociales, desde los ayuntamientos, a través de la implementación de medidas permanentes y organización de actividades durante la Semana, hasta organizaciones sociales, instituciones y empresas, a través de la realización de buenas prácticas, dando así a los sectores públicos y privados un papel protagonista y de responsabilidad compartida en la concienciación ciudadana para cambiar los hábitos de movilidad.

En cuanto al papel de la Administración en la gestión de los datos de movilidad, se centra en el establecimiento de estándares que normalicen esos datos y el desarrollo normativo necesario. En este proceso de disponer de datos fiables, de calidad y en tiempo real, la Administración, además, puede actuar como impulsor y facilitador. Es el caso del Punto de Acceso Nacional de información sobre servicios de viajes multimodales en España, actualmente en desarrollo, en el que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana actúa como facilitador de datos de los diferentes modos de transporte a nivel nacional, regional y local en un repositorio único de datos abiertos de transporte.