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La sociedad y las ciudades están experimentando profundos cambios y transformaciones que impactan en la movilidad urbana y metropolitana, como son la toma de conciencia medioambiental de los ciudadanos –en especial de los efectos que el transporte tiene sobre el medio ambiente y su salud–, el aumento de la población de las grandes áreas urbanas y de la extensión de las ciudades, el envejecimiento de la población, la irrupción de relevantes innovaciones tecnológicas, o los nuevos hábitos de consumo –como el comercio electrónico o la economía colaborativa–. Estos cambios se producen, además, en un contexto en el que las ciudades han de ser protagonistas en la respuesta a los retos globales de todo tipo, medioambientales, sociales, culturales, alimentarios y de salud, económicos y territoriales.

Todo ello está transformando no solo la movilidad urbana y metropolitana -que ha de adaptarse a este nuevo escenario–, sino también el propio concepto de movilidad. La movilidad urbana y metropolitana se concibe actualmente como un derecho, de modo que su finalidad no es exclusivamente la provisión y regulación de los servicios de transporte público –que también– sino que, además, tiene el objeto de satisfacer las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos y de las mercancías en las ciudades, en condiciones de seguridad y bajo el principio de sostenibilidad. En esta concepción de la movilidad urbana y metropolitana, su desarrollo se produce mediante un sistema complejo en el que intervienen multitud de actores. El ciudadano, o el cliente en el caso de las mercancías, forma parte del núcleo del sistema de la movilidad, mientras que el resto de elementos -infraestructuras, prestadores y operadores de servicios de movilidad y valor añadido, proveedores de tecnología, y la administración pública- se relacionan entre ellos y tienen funciones orientadas a satisfacer las necesidades de movilidad de ciudadanos y el desplazamiento de las mercancías.

La administración pública es, sin duda, un actor principal en la movilidad urbana y metropolitana. Forman parte de ella las administraciones de distinto ámbito geográfico -local, autonómica y estatal- con competencia en materia de transporte y tráfico, pero también otras áreas de la administración que se interrelacionan con las anteriores (urbanismo, medio ambiente, energía, economía, salud, etc.), lo que requiere una intensa labor de coordinación y cooperación. La administración es un actor más relevante en la movilidad de viajeros que en la de mercancías, por su papel como planificador y proveedor de servicios de transporte público. En este campo, destaca la función que llevan a cabo los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, y en particular las 22 Autoridades de Transporte Público (ATP) que hay en España, que son entes públicos que coordinan los servicios de transporte público de viajeros en un área metropolitana. Por su parte, la Administración General del Estado (AGE), aun cuando posee limitadas competencias en la movilidad urbana y metropolitana, lleva a cabo también algunas funciones que inciden en este ámbito de la movilidad que se refieren a: planificación y elaboración de estrategias, provisión y explotación de infraestructuras, provisión de servicios de transporte -como las cercanías ferroviarias operadas por Renfe-, regulación, financiación, fiscalidad, colaboración, divulgación, impulso de medidas, etc.

La movilidad urbana y metropolitana garantiza los desplazamientos cotidianos de los ciudadanos y permite asimismo satisfacer las necesidades de abastecimiento de la ciudad. Y en la movilidad de los ciudadanos, el transporte público es la espina dorsal del sistema de movilidad de las ciudades que, además, supone un elemento de cohesión social. En las ciudades se llevan a cabo el 89% de los viajes totales realizados en España en modos de transporte colectivo, siendo el 11% restante viajes en ámbito interurbano. En las áreas metropolitanas de Bilbao, Barcelona o Madrid, entre el 20% y 30% de los viajes se llevan a cabo en medios colectivos, mientras que entre un 30% y 40% se efectúan en vehículo privado, y el porcentaje restante (entre un 30% y un 50%) a pie o en bicicleta. Además, el autobús es el modo de transporte colectivo predominante en términos generales, aunque en determinadas áreas metropolitanas, como Bilbao, Barcelona o Madrid, son los viajes en modos ferroviarios los más numerosos. En España, son las mayores áreas metropolitanas –como Madrid o Barcelona– las que proporcionan una mayor oferta de transporte por habitante (en vehículos-km por habitante), y estas cifras son superiores también a las de la mayoría de las áreas europeas que se han estudiado en este informe. Sin embargo, las áreas metropolitanas españolas de menor tamaño cuentan con una oferta de transporte por habitante menor que otras ciudades europeas analizadas. Por su parte, la dotación de redes de transporte (en kilómetros por habitante) de las ciudades españolas es, en general, comparable con la de otras ciudades europeas, aunque con algunas diferencias: en las ciudades españolas los valores de dotación de infraestructuras son superiores en redes de metro y autobús, pero inferiores en lo que respecta al tranvía o metro ligero. En cuanto al ferrocarril suburbano, con la excepción de Berlín que destaca especialmente por su alta densidad de red, el resto de las áreas metropolitanas españolas y europeas que se han estudiado presentan valores comparables entre sí.

Por otro lado, la movilidad urbana y metropolitana genera también una serie de externalidades negativas. Uno de los costes externos más importantes causados por el transporte en las ciudades es la contaminación atmosférica. A pesar de que desde comienzos del milenio se ha producido una considerable disminución de las emisiones contaminantes producidas por el transporte, debido principalmente a la mejora tecnológica de motores y combustibles, las principales ciudades españolas siguen teniendo problemas de calidad del aire. En ellas, se produce una mayor concentración de contaminantes en el aire, lo que afecta negativamente a la salud de sus habitantes. Además, la movilidad que se desarrolla en las ciudades también emite gases de efecto invernadero (GEI), que representan el 8% del total de las emisiones nacionales de GEI y que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático, y origina otras externalidades como accidentes de tráfico, congestión y ruido.

En la transformación que se está produciendo en la movilidad urbana y metropolitana, derivada de la necesidad de dar respuesta a los diferentes retos y cambios antes mencionados, se pueden identificar diferentes tendencias. Una de ellas es el cambio en las políticas de movilidad, con un enfoque orientado a la demanda, y en el que se coloca al ciudadano y al beneficio social en el centro. Una segunda tendencia es la propagación del enfoque A-S-I (Avoid-Shift-Improve) que busca reducir la necesidad de viajar, disminuir las distancias de viaje, aumentar la proporción de los modos de transporte más sostenibles y mejorar la eficiencia energética de los vehículos. Asimismo, estas políticas van acompañadas de una serie de buenas prácticas. Algunas de las que han resultado exitosas y que podrían ser replicables en otros contextos son los planes de movilidad urbana sostenible y los planes de transporte al trabajo, la delimitación de zonas de bajas emisiones, las relativas a la distribución urbana de mercancías y la logística inteligente, las nuevas fórmulas de pago en el transporte público, el desarrollo de plataformas multimodales de servicios de transporte público, la movilidad con vehículos de transporte urbano de cero emisiones, el despliegue de la red de carga de vehículos eléctricos, la introducción de conducción autónoma en el transporte público, o la implementación del transporte a la demanda en zonas poco densas.

Y de cara a un futuro próximo, se identifica que en el ámbito de la movilidad urbana y metropolitana será necesario contar con una mayor agilidad en la regulación de servicios y negocios debidos al desarrollo tecnológico, dar respuesta a los nuevos patrones de movilidad que están surgiendo, tomar medidas adicionales dirigidas a atajar el problema de la emergencia ambiental y climática, e intensificar la colaboración entre los diferentes actores del sistema de la movilidad para ofrecer alternativas y soluciones óptimas a las necesidades de movilidad de los ciudadanos y de las mercancías.